POR DANILO CRUZ PICHARDO.- Se da como un hecho que el Gobierno introducirá al Congreso Nacional un proyecto de reforma tributaria, con la finalidad de incrementar los ingresos y superar el déficit en el Presupuesto de la Nación del año 2022, sin necesidad de apelar a los organismos multilaterales en búsqueda de nuevos empréstitos. Aunque no sé, hay quienes piensan que podrían aplicar la reforma y continuar con el festival de dinero prestado.
Sin embargo, el país ya no resiste crecimiento de su deuda externa, pues, conforme a economistas expertos, la misma representa el 70% del Producto Interno Bruto, lo que podría generar un colapso de todo el sistema financiero desde el momento en que todos los ingresos estén destinados a honrar los compromisos internacionales, como tenemos buenos ejemplos en la región y en el ámbito mundial.
Y hablar de reforma fiscal aterroriza a la población dominicana, máxime en la forma en que el Gobierno la concibe, con impuestos y gravámenes que recaen directamente sobre las clases media y baja, las cuales vienen expresando justas quejas con el aumento de los precios de bienes y servicios, sobre todo de los alimentos de la canasta familiar, situación que aminora el poder adquisitivo.
Los entendidos en la materia saben que hay déficit, el cual se incrementaría con las constantes alzas que registran los precios del petróleo en el mercado exterior. Pero ¿cuáles medidas adopta la presente administración para mitigar los efectos de la subida de los carburantes? Esta es la fecha que todavía el presidente Abinader otorga subsidio de derivados de petróleo a múltiples empresas nacionales y extranjeras, pese a la desaprobación de múltiples sectores de la sociedad dominicana.
Ante esa situación, ¿con qué moral se pretende gravar a los más necesitados, mientras los poderosos gozan de subsidios y facilidades de todo tipo?
Los ajustes tienen que enfocarse en la eliminación de subsidios y facilidades a los ricos (a los cuales les corresponde pagar el precio de la democracia, como sostenía el doctor Peña Gómez), suspender la publicidad gubernamental en todas las instituciones que no las requieran, continuar desarticulando órganos estales innecesarios, reducir los sueldos de los funcionarios, eliminar todas las asesorías, botellas y puestos de miembros de juntas y consejos administrativos, pues son gastos superfluos. La población demanda de ejemplos de una verdadera austeridad gubernamental.
Y en el hipotético caso de que haya una reforma para aumentar los ingresos del fisco hay que pensar en impuestos para los ricos, evasores históricos. También podrían gravarse los juegos de los casinos, los cigarrillos, bebidas alcohólicas importadas, vehículos de lujo, villas, yates, aviones privados y residencias suntuosas. Hay muchas alternativas que se pueden explorar para incrementar ingresos, sin necesidad de ocasionar daños a los pobres.
El autor de este artículo está sorprendido con la enorme cantidad de personas que ayer fueron enemigas históricas del PRD y posteriormente del PRM, que hoy descubren que el presidente de la República es un hombre bien intencionado, pero que los militantes de su partido no lo dejan trabajar. Se trata de trepadores que medran a la sombra de todos los gobiernos y en esta oportunidad procuran hacerse los graciosos con el poder.
Hay buenas intenciones cuando las políticas gubernamentales van dirigidas a favorecer a las grandes mayorías nacionales, a los sectores de clase media y baja. Lamentablemente no ha sido así hasta el momento, pues es evidente que estamos en presencia de un Gobierno de la oligarquía, donde 60 o 70 familias ricas se distribuyen el botín del Estado y gozan de los privilegios más irritantes.
La población dominicana rechaza una reforma tributaria que afecte su situación económica, pero también desaprueba que el país siga alegremente tomando préstamos internacionales para gastos corrientes y beneficiar a sectores que tienen sus problemas resueltos.
Lo que se impone es la austeridad gubernamental, eliminando todos los gastos innecesarios, y gravar a los poderosos, como única forma de prevenir crisis económicas que a su vez pueden generar problemas sociales y políticos
